Avance legislativo para cerrar las termoeléctricas

Columna publicada por El Desconcierto escrita por nuestra militante Camila Musante

La Cámara de Diputados discute actualmente un proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. De aprobarse, esta ley comenzaría a regir para plantas que tengan menos de 30 años de antigüedad al 31 de diciembre del 2025.

Este proyecto va en la línea correcta, pues debemos cerrar con objetivos y plazos claros estas fuentes de contaminación. Y es que en Chile hay 28 centrales a carbón, concentradas prácticamente en 8 comunas y ¡10 de ellas operando desde hace más de 30 años!

Esto no es un plan arbitrario que cambia las reglas del juego de manera radical. Es una respuesta a las voces de organizaciones sociales y ambientales, quienes han evidenciado durante años los daños a familias y sus entornos, habiendo exigido cambios sin mayores frutos.

El gobierno debería sumarse a este proyecto, aportando soluciones en vez de levantar falsas alarmas. Esta ley refleja de manera directa los compromisos que Chile ha suscrito internacionalmente y que la comunidad internacional ha expresado de manera tajante: la generación a carbón no tiene espacio en un mundo carbono neutral.

Chile debe eliminar de manera gradual, pero agresiva, su dependencia al carbón para la generación de energía eléctrica.

Altos niveles de contaminación local y global están asociados al uso de esta energía. A eso es necesario sumarle el desastre social y ambiental asociado a su funcionamiento que ha sacrificado el bienestar de cientos de familias.

Coincidimos con las voces que destacan la necesidad de un plan de reconversión que permita ir planificando las medidas de mitigación tanto en el plano laboral como energético y que integre las medidas de recuperación social y ambiental de territorios profundamente dañados. Este proyecto no es una contradicción a lo anterior, pues, al contrario, es una oportunidad. Estudios recientes del BID indican que es posible hacerlo y que sustituir el carbón con energía renovable podría dar lugar en Chile a la creación de un total de entre 2.000 y 8.000 puestos de trabajo netos para 2030.

Esta ley se enmarca en una transición que debemos realizar aceleradamente: la transición hacia una matriz limpia y carbono neutral debe estar basada en una serie de políticas energéticas. Junto con descarbonizar la matriz, es necesario un agresivo plan de eficiencia energética, pues una matriz limpia debe ser a la vez eficiente. Chile aún está al debe en esta materia y tiene un largo camino por recorrer.

Estas soluciones son imprescindibles si queremos que Chile logre reducir de manera efectiva sus niveles de emisiones de GEI para cumplir con nuestros objetivos de carbono neutralidad al año 2050, pero, por sobre todo, para garantizar la preservación de la vida como la conocemos.

Es urgente que el Estado tome acciones correctivas fuertes, pues ha fallado gravemente al no resguardar (tal y como indica la Constitución) el derecho de la población (especialmente de las zonas de sacrificio) a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

En Fuerza Común creemos que una nueva Constitución debe darle un lugar central a la protección e incluso a la reparación de nuestro medioambiente. Queremos y necesitamos una nueva Constitución. Pero una Constitución verde.

La Cámara de Diputados discute actualmente un proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. De aprobarse, esta ley comenzaría a regir para plantas que tengan menos de 30 años de antigüedad al 31 de diciembre del 2025.

Este proyecto va en la línea correcta, pues debemos cerrar con objetivos y plazos claros estas fuentes de contaminación. Y es que en Chile hay 28 centrales a carbón, concentradas prácticamente en 8 comunas y ¡10 de ellas operando desde hace más de 30 años!

Esto no es un plan arbitrario que cambia las reglas del juego de manera radical. Es una respuesta a las voces de organizaciones sociales y ambientales, quienes han evidenciado durante años los daños a familias y sus entornos, habiendo exigido cambios sin mayores frutos.

El gobierno debería sumarse a este proyecto, aportando soluciones en vez de levantar falsas alarmas. Esta ley refleja de manera directa los compromisos que Chile ha suscrito internacionalmente y que la comunidad internacional ha expresado de manera tajante: la generación a carbón no tiene espacio en un mundo carbono neutral.

Chile debe eliminar de manera gradual, pero agresiva, su dependencia al carbón para la generación de energía eléctrica.

Altos niveles de contaminación local y global están asociados al uso de esta energía. A eso es necesario sumarle el desastre social y ambiental asociado a su funcionamiento que ha sacrificado el bienestar de cientos de familias.

Coincidimos con las voces que destacan la necesidad de un plan de reconversión que permita ir planificando las medidas de mitigación tanto en el plano laboral como energético y que integre las medidas de recuperación social y ambiental de territorios profundamente dañados. Este proyecto no es una contradicción a lo anterior, pues, al contrario, es una oportunidad. Estudios recientes del BID indican que es posible hacerlo y que sustituir el carbón con energía renovable podría dar lugar en Chile a la creación de un total de entre 2.000 y 8.000 puestos de trabajo netos para 2030.

Esta ley se enmarca en una transición que debemos realizar aceleradamente: la transición hacia una matriz limpia y carbono neutral debe estar basada en una serie de políticas energéticas. Junto con descarbonizar la matriz, es necesario un agresivo plan de eficiencia energética, pues una matriz limpia debe ser a la vez eficiente. Chile aún está al debe en esta materia y tiene un largo camino por recorrer.

Estas soluciones son imprescindibles si queremos que Chile logre reducir de manera efectiva sus niveles de emisiones de GEI para cumplir con nuestros objetivos de carbono neutralidad al año 2050, pero, por sobre todo, para garantizar la preservación de la vida como la conocemos.

Es urgente que el Estado tome acciones correctivas fuertes, pues ha fallado gravemente al no resguardar (tal y como indica la Constitución) el derecho de la población (especialmente de las zonas de sacrificio) a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

En Fuerza Común creemos que una nueva Constitución debe darle un lugar central a la protección e incluso a la reparación de nuestro medioambiente. Queremos y necesitamos una nueva Constitución. Pero una Constitución verde.

Camila Musante
Abogada. Coordinadora del Frente de Medio Ambiente Fuerza Común.

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