Crónica de Chile decide por una nueva Constitución

Columna publicada por Cine y Literatura escrita por nuestro militante Felipe Espinosa

EChile decide por una nueva Constitución (Planeta, 2020) el abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa Mercado, realiza un esfuerzo notable por clarificar y hacer comprensibles conceptos jurídicos que, sin preparación acerca de teoría política y constitucional, serían difícilmente aprehendidos por el lego.

Ejemplos de esto son el tratamiento de las tradiciones constitucionalistas, del límite al ejercicio del poder soberano y del rol del pueblo como manifestación del poder constituyente originario, pero también acerca de cuestiones contingentes a nuestro proceso, como la hoja en blanco y los dos tercios que forman parte del acuerdo realizado por los partidos políticos para el Plebiscito Nacional del próximo 25 de octubre. Esto lo ejecuta sin perder el rigor y la precisión que el tratamiento de estos conceptos requiere.

Una de las virtudes es el análisis acerca de la naturaleza del conflicto social que se vive en Chile, que se remonta a los momentos más críticos de la dictadura cívico militar, continúa durante la profundización del modelo del retorno a la democracia y la activación de los movimientos que buscaron reivindicar demandas de justicia e igualdad por medio de la protesta social: la revolución pingüina del 2006, la consagración definitiva del malestar expresado en la revolución estudiantil del 2011 y el mayo feminista del 2018 con miles de voces que gritaron: basta de abusos y violencia patriarcal, entre otros. Este desarrollo histórico es el que desemboca en la revuelta popular de octubre 2020.

Bassa aborda el vínculo entre este conflicto social y la incapacidad del sistema político de canalizarlo mediante una agenda pública, anclado en la cuestión constitucional. Las consecuencias han sido la ilegitimidad del ordenamiento jurídico, las instituciones democráticas y la representación política, las que, sumadas a la incompetente administración y extremismo ideológico del peor gobierno desde el retorno a la democracia, tienen sumidos al país en una crisis que solo podrá superarse mediante el cambio constitucional, la reestructuración del orden institucional que configura los poderes públicos y la implementación de políticas de bienestar y solidaridad.

La filósofa postmarxista Chantal Mouffe, en su texto La paradoja democrática (Gedisa, 2012) propone una forma agonística y problemática de concebir la democracia, en la que el consenso se percibe como una aproximación nunca acabada dado que los obstáculos son parte de su naturaleza y, del mismo modo, reconoce la imposibilidad conceptual de la justicia y la armonía: “Esta es la razón de que deba concebirse como un bien que sólo existe en la medida en que no puede ser alcanzado”, a la manera en que Derrida considera el enigma de la «verdadera amistad» como un telos inalcanzable e inaccesible en su misma esencia y Lacan formula el enfoque psicoanalítico de Lo Real, trasladando sus efectos al análisis sociopolítico, análisis que opera en el propio terreno de lo social por medio de una división —el antagonismo, la dislocación— de carácter intrínseco.

En otras palabras, se trata de establecer al conflicto como algo inherente a un sistema político que se proyecta hacia el bienestar de los pueblos que habitan en un Estado Social de Derecho y atribuir valor al disenso necesario en una democracia en la que se vean representados todos estos, pero que además incorpora la participación y autodeterminación de los mismos mediante la ampliación del concepto pueblo hacia una noción dinámica y heterogénea, en la que la diferencia y pluralidad de los actores que lo componen es su característica principal.

Una nueva constitución elaborada por un órgano representativo y participativo es un primer paso, porque permitirá habilitar a la política y poner en funcionamiento el juego democrático mediante la desactivación de los enclaves autoritarios instaurados para neutralizar la agenda política de los pueblos. Pero este ejercicio debe ser necesariamente acompañado por una reconfiguración de la estructura del poder, desde el centralismo y la verticalidad hacia una profundización democrática que permita que el ejercicio del poder soberano de los pueblos no se manifieste solo en el origen, sino que incorpore la posibilidad de actualización e incidencia en una relación permanente de las instituciones jurídicas con el cambio social.

En definitiva, estamos ante la propuesta de un nuevo paradigma de vínculo entre Estado y Sociedad, reforzado en la incorporación del derecho a la autodeterminación como eje de la democracia chilena para un período posneoliberal.

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