Declaración sobre la negativa del Gobierno a ratificar el Acuerdo de Escazú

Como Frente de Medio Ambiente de Fuerza Común rechazamos la  postura del gobierno de Chile de no adherir al Acuerdo de Escazú, como también exigimos, una discusión transparente al respecto, ya que, como se presenta a continuación, los argumentos utilizados por el ejecutivo son, derechamente falaces. 1. El Acuerdo introduce una serie de principios no […]

Como Frente de Medio Ambiente de Fuerza Común rechazamos la  postura del gobierno de Chile de no adherir al Acuerdo de Escazú, como también exigimos, una discusión transparente al respecto, ya que, como se presenta a continuación, los argumentos utilizados por el ejecutivo son, derechamente falaces.

1. El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.

El Acuerdo contempla acceso a la información y participación de la comunidad, que son elementos de la gestión ambiental, que se han ido incorporando en nuestra legislación progresivamente. Por ejemplo, en la definición de mecanismos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o la vigencia desde el año 2009 del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales.  Al mismo tiempo, el acceso a la justicia en asuntos ambientales no resiste ningún cuestionamiento; a saber: el Artículo 8 del Tratado establece que “cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento: a. cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; b. cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y c. cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente”.

En segundo lugar, si el temor radica en la no definición de nuevos principios, entonces existen más razones para que Chile participe de la 1ra Convención de las Partes Firmantes del acuerdo, donde dichos principios se definirán de manera conjunta. Esta primera convención es para definir los principios? Supongo que es algo menos fuerte: desarrollar, especificar, etc.

2. El Acuerdo implica cambios en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.

El acuerdo menciona que “Cada Parte adoptará todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la implementación del presente Acuerdo.” No obstante, el artículo 4 del acuerdo sólo establece condiciones generales y mínimas para garantizar el derecho a toda persona de vivir en un ambiente sano, que tenga acceso a información, a justicia en asuntos ambientales, y que exista reconocimiento y protección de personas y organizaciones que defienden al Medio Ambiente.

Cierto es que, uno de los propósitos de todo tratado internacional es poner en acuerdo a varios países sobre un mismo asunto, lo que implica cambios en la legislación interna. Lo curioso, radica en que por meses hemos escuchado por parte del gobierno que la legislación de nuestro país ya cumplía con lo propuesto por el tratado. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible argumentar que mayor transparencia de información ambiental y mayor participación ciudadana se puede generar más incertidumbre?

3. El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.

Uno de los puntos cruciales y potencialmente controvertidos es el relacionado con la protección de los defensores ambientales. En su artículo 9, el Tratado establece que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, y que se tomarán medidas efectivas para el resguardo de los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, sumado a medidas para la sanción de posibles vulneraciones de estos derechos. ¿No son acaso, éstas, consideraciones mínimas que nuestra legislación debiese contemplar?

Pareciera ser que el Gobierno pretende desentenderse de sus obligaciones por la “dificultad” que presentan, obviando la necesidad  de garantizar la protección de los Derechos Fundamentales.  En Fuerza Común creemos que el Estado debe velar por la vida y la salud de las personas, y debe garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos/ambientales que sufren amenazas y amedrentamientos,  y asegurar el cuidado de la población y el Medio Ambiente.

4. El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.

El Acuerdo de Escazú establece, por una parte, el principio de Soberanía Permanente sobre los recursos naturales como elemento básico del derecho a la libre determinación, siendo un derecho inalienable; por lo tanto, ningún pueblo podrá ser privado de tales recursos, salvo que se ejerciere en beneficio de su población; y por otra parte, el Principio de igualdad soberana de los Estados Partes, que implica que estos tienen la misma aptitud por una parte para adquirir y ejercer derechos y por la otra para asumir y cumplir obligaciones.

No está demás mencionar que se habla de la exposición a controversias internacionales como si fuese algo particular del Tratado, cuando Chile está suscrito a diversos instrumentos que contemplan cláusulas idénticas.

A la luz de los principios prescritos en el Acuerdo de Escazú, no es posible afirmar que este Tratado expone a Chile a controversias internacionales por aplicación directa de sus normas, en los términos que quedaron estipuladas. Ha de destacarse que el actual Gobierno de Chile condujo el proceso de negociación de las condiciones que debía contener el acuerdo.

Finalmente, destacamos que este acuerdo regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos, y que no hay argumentos atendibles para no ser parte de él y realizar los ajustes necesarios para su implementación.



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